El Senado convirtió en ley el proyecto que elimina el sistema privado de jubilaciones y unifica todo en un mecanismo único de reparto estatal, luego de 14 años de vigencia de las AFJP, creadas con bombos y platillos en 1994 como las empresas que iban a garantizar haberes dignos de retiro.
La votación otorgó un amplio triunfo al oficialismo, que contó con los votos a favor de todos los integrantes de la bancada del Frente para la Victoria, a los que se sumaran el socialista Rubén Giustiniani, el neuquino Horacio Lores y los aristas Juan Carlos Martínez y María Díaz.
Por esta iniciativa, los más de nueve millones de afiliados a las diez AFJP aunque solamente poco más de cuatro millones aportan regularmente- pasarán al Sistema Integrado Previsional Argentino que se creará.
Sus aportes acumulados suman unos 90 mil millones de pesos, a los que hay que agregar unos 15 mil millones de contribuciones anuales que pasarán a ser administrados por la ANSeS.
Este es uno de los aspectos más cuestionados de la nueva ley, ya que la oposición denuncia que ese organismo no tiene la capacidad técnica para manejar esos recursos.
Además, señalan que el Gobierno podría recurrir a esos fondos para atender obligaciones de otro tipo, como el pago de la deuda externa, que el año próximo tendrá importantes vencimientos. La historia de las AFJP
En el marco de la ola neoliberal imperante la década pasada, el gobierno de Carlos Menem alentó la creación de cuentas privadas de capitalización, que hoy muy pocos legisladores defendieron, pues incluso, mucho de los senadores que se opusieron lo hicieron cuestionando el articulado de la ley, haciendo la salvedad que estaban a favor de un sistema estatal.
La defunción de esa ley se produjo sin la presencia de su mentor, ya que el ahora senador Menem se encuentra con licencia médica y no asistió a la sesión.
Este cambio de paradigma tuvo un matiz paradójico, ya que uno de los miembros informantes por la mayoría fue el senador kirchnerista Julio Miranda, vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión, quien admitió que fue uno de los legisladores que la década pasada votó a favor del sistema de jubilación privada. Voces a favor
"Reconozco con mucha sinceridad que voté ese cambio, creyendo que íbamos a conseguir el financiamiento del sistema previsional, pero sucedió todo lo contrario", admitió el legislador por Tucumán.
Miranda agregó que "las propias AFJP reconocen que no se cumplió el anhelo" de lograr mejores jubilaciones con el mecanismo de las cuentas individuales de capitalización, y aseveró que con la vuelta al sistema de reparto se busca "dar seguridad y tranquilidad a los trabajadores"
Luego habló -también defendiendo el dictamen de la mayoría-- el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el correntino Fabián Ríos, quien de entrada aclaró que el oficialismo no permitirá cambios al proyecto.
Ríos dijo que "se haya hecho con buena o mala intención, evidentemente el sistema privado fracasó", y pasó a refutar los argumentos con que se instauró.
Agregó que al 77 por ciento de quienes se jubilaron por el sistema de las AFJP el Estado debe contribuir para que lleguen a cobrar el haber mínimo, y que eso le cuesta al fisco cuatro mil millones de pesos anuales.Voces en contra
Por su parte, el jefe de la bancada de senadores radicales, Ernesto Sanz, advirtió que el proyecto de eliminación de las AFJP constituyen "una confiscación" de las cuentas individuales, y que "así lo interpreta la sociedad".
"Para la sociedad hay confiscación, la gente lo interpreta con un olfato más fino que los juristas, por todo lo que vivió en los últimos años", señaló Sanz, quien fue el primer opositor en hacer uso de la palabra en la sesión en la que se debate esa iniciativa.
Explicó además que ante esa situación "la gente reacciona sacando siete mil millones de dólares del país. Sanz sostuvo además que "existe un peligro de default del Estado", y que por eso el Gobierno hace esta reforma previsional.
Sanz se refirió elípticamente luego a la admisión del senador Miranda, de que cometió un error al votar en su momento la instauración del sistema de las AFJP, al destacar la "coherencia" del radicalismo, al recordar que esta fuerza siempre estuvo en contra de las administradoras privadas.
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero dijo que esta ley "constituye una apropiación de los fondos de la gente", y denunció que actualmente se vive una situación de "default previsional encubierto".
La bussista tucumana Delia Pinchetti, a su vez, se sumó a los cuestionamientos, diciendo que la gente teme "al avasallamiento y saqueo" de sus aportes previsionales.
Télam
Anuncios Google